Es hora de exigir a algunos alcaldes el conocimiento básico para acometer su trabajo en los ayuntamientos. Las Leyes que afectan a los cometidos de la Administración Local deben ser claras y explícitas y es un buen momento para que el Parlamento español obligue a los candidatos aprender lo indispensable para ejercer la función de alcalde.
Lean esta noticia y quizás comprendan por qué hago esta rotunda afirmación. El ayuntamiento de nuestra vecina La Font (La Costera) ha decidido abrir una oficina bancaria sin autorización, sin depósitos, sin garantías, ¿de la nada? Pues no, de una ocurrencia de su alcalde. Movido por el motivo principal del cuento de la lechera, piensa Don Fulano que dando créditos para incentivar la economía del pueblo, se abrirán más negocios, con lo que entrarán más impuestos en la arcas del municipio y aumentará el dinero destinado a nuevos préstamos. Con el dinero que los prestatarios devuelvan, el ayuntamiento creará sucursales para acercar ilusiones a sus vecinos y en 20 años La Font puede llegar a ser, aprovechando su estratégica situación geográfica, un enclave intercomarcal, interprovincial e interautonómico, formar parte del rating de Standar&Poors hasta convertirse en un referente internacional.
Estas ideas son frecuentes en alcaldes que basan sus estrategias en suplir a trabajadores y empresarios por organizaciones creadas con dinero que no les pertenece (hay ejemplos varios en Ontinyent pero tambien en muchísimas ciudades) y que son copia exacta de iniciativas tomadas por superior rango administrativo. El caso más clamoroso y generalizado en España ha sido el asalto perpetrado por las Cajas de Ahorro guiadas por políticos desaprensivos hacia la bancarota, mejor dicho, hacia el cántaro-roto del cuento de la lechera.
Este caso de La Font como en casi todas las iniciativas emprendidas por políticos, sobre todo en ayuntamientos, tiene una acción mediata que es la de poner dinero ajeno a disposición de particulares con el motivo aparente de mejorar las estructuras del pueblo. Es este un proyecto a corto plazo para satisfacer a los votantes y que estos vuelvan a votar al mismo alcalde. Pero la realidad a largo plazo puede tener consecuencias irreparables para La Font.
Los bancos tienen poco dinero. Si conceden préstamos es a cambio de unas garantías imposibles. En estas condiciones, el ayuntamiento va a conceder crédito a cambio de promesas. El resultado del prestatario en su negocio es incierto, como cualquier iniciativa de base económica. ¿Embargará el alcalde los bienes del emprendedor si este no es capaz de devolver los plazos comprometidos? Si no es así, el ayuntamiento tendrá que suplir la pérdida con dinero de los impuestos de todos los vecinos de la ciudad. El alcalde quizás ya no esté en su alcaldía, liberándose así de cualquier responsabilidad. Pero si perdura en el puesto, tampoco recaerá sobre él responsabilidad alguna.
Se acerca la hora de la sociedad civil.
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