Huelga de los basureros

Recisa es un monopolio en la recogida de residuos, no está sujeta a ninguna competencia, por lo que el precio por los servicios que presta es arbitrario, irreal y muy por encima del que podría suministrar cualquier empresa sometida a la competencia de otras que trabajan por ofrecer el mismo servicio. 

La festividad de los Reyes Magos se aproxima, la huelga de los basureros también. La primera es alegría, sobre todo para los pequeños, la segunda es un problema para los pequeños, pero también para los mayores. Reyes Magos equivale a satisfacción a través de regalos entre familia y amigos. Huelga es homólogo de insatisfacción y en el caso que nos ocupa, provocada por el sistema político de recogida de residuos, antes basura (por mucho empeño que pongan con el uso de "otras" palabras, no podrán quitar el significado de las conocidas de siempre).

Ni los medios de difusión oficiales, ni los de comunicación tradicionales, explican cuál es el problema de la recogida de basura, porque sus responsables no tienen el menor interés en explicarlo: ni los burócratas responsables de Recisa (empresa de recogida), ni los representantes del pueblo en el municipio, ni los encargados de la Mancomunitat, ni la propia Consellería tienen el menor interés en explicar qué sucede. Como es costumbre, políticos y burócratas hacen uso de conceptos y siglas para confundirnos: Recisa, Mancomunitat, Consorcio del Plan Zonal, ayuntamientos y los partidos que en ellos cohabitan utilizan el problema de las basuras para echarse déficits presupuestarios a la cabeza y responsabilizar al otro del problema económico, que no es otro el causante del anuncio de la huelga.

Para mí el problema no es otro que los déficits originados en Recisa por la gestión de un servicio cuya financiación es pública, su capital social es público y sus empleados son poco menos que funcionarios públicos. Veamos, Recisa es una empresa que funciona gracias a las subvenciones y transferencias de la Generalitat, Mancomunitat y ayuntamientos, en lugar de los clientes que reciben su servicio día a día. Como todas las entidades públicas citadas desde hace muchos años gastan más de lo que ingresan, la burbuja política que han creado hace que todos las empresas por aquellos contratadas reciban cada año menos transferencias, hasta el punto de no poder pagar a sus empleados. 

Recisa es un monopolio en la recogida de residuos, no está sujeta a ninguna competencia, por lo que el precio por los servicios que presta es arbitrario, irreal y muy por encima del que podría suministrar cualquier empresa sometida a la competencia de otras que trabajan por ofrecer el mismo servicio.

Hasta hace 30 años los ayuntamientos contrataban a empresas privadas, cuyos precios no podían exceder lo que el mercado negociaba, con el riesgo de perder el municipio que trabajaban. Con la llegada de esta democracia, los políticos al uso emprendieron la tarea de acabar con muchas empresas creando otras nuevas donde colocar a familiares, amigos y compromisos. Unos cuantos años han bastado para que esta clase pública nos haya introducido en la mayor crisis económica conocida al menos en los últimos cién años.

Es necesario que algún responsable con sentido común explique el por qué de una huelga anunciada cuando todos los vecinos pagamos las tasas de basura. Si nosotros pagamos al ayuntamiento lo que este nos exige y el ayuntamiento paga lo convenido con la empresa de recogida, ¿por qué los trabajadores de Recisa van a la huelga?

Mientras tanto, seguiremos atendiendo la ancestral costumbre de hacer felices a los pequeños en la festividad de los Reyes Magos.

Feliz año económico 2013.

14 de Noviembre: No a la huelga general

  Los sindicatos son organizaciones apesebradas que impiden el acceso al trabajo

La huelga general es una acción de los sindicatos contra los empresarios. El trabajador rompe unilateralmente el contrato firmado con el empresario. Desde el punto de vista jurídico, es inaceptable que una parte rompa el contrato sin ser castigado por los daños causados. Por muy constitucional que sea la huelga, se pone de manifiesto la falta de ética que gobierna nuestro ordenamiento en lo referente al cumplimiento de contratos.

Las consecuencias inmediatas del incumplimiento contractual del huelguista debían ser:
     - la no percepción del salario de la jornada
     - pagar daños y perjuicios por el incumplimiento de su deber laboral a la empresa perjudicada
     - tener derecho el empleador a rescindir el contrato del trabajador por negarse éste a cumplir con su obligación

Claro que en una sociedad donde el trabajo está intervenenido por el Estado, cualquier ideal sobre el deber ser se convierte en una imposición legal. Así queda el panorama tan sólo echando una mirada al horizonte:
     - los salarios están impuestos por los convenios laborales, arropados por una exhaustiva legislación laboral a favor del contratado
     - a esos salarios se suman los altos porcentajes de seguridad social que abarcan sanidad, pensiones, subsidios y otros, sancionados por decreto a cargo de trabajadores y, sobre todo, empresarios y autónomos
     - no se permite la promoción del trabajador en la empresa, tampoco la deslocalización hacia otros lugares de implantación de la empresa, fuera del ámbito que la ley tolera
     - incumplir el contrato con el abandono voluntario del trabajador no está castigado, mientras que el despido está sancionado con la indenmización
     - de esta manera el trabajo se convierte en una actividad subsidiada por la empresa y por el estado, muy lejos de ser la auténtica actividad productiva que hace competitivos a los productos y servicios

Los sindicatos son organizaciones apesebradas que impiden el acceso al trabajo para mostrar su desacuerdo con alguna política que realiza el gobierno, como por ejemplo impedir que se liberalicen las relaciones laborales o cualquier estructura que libere a los usuarios de ataduras que obstaculiza la libre elección.

Dado el poco poder de penetración que tienen los sindicatos en la sociedad, los dias de huelga general utilizan piquetes violentos y amenazas para coaccionar al trabajador que se resiste a la huelga: obstaculizan el transporte público, la circulación de mercaderías, la apertura de comercios, poniéndose contra la voluntad de la gran mayoría que elige llevar la normalidad a un día de huelga general.

Los sindicatos no disponen de fondos propios suficientes con la cuotas que cobran a sus afiliados. Se financian con subvenciones de las tres instituciones del estado -gobierno central, autonómico y municipal- que proviene de los impuestos que el estado expropia de nuestros beneficios para que los sindicalistas promuevan huelgas y coacciones contra los intereses individuales de las personas.

Huelga y más paro

El gobierno sigue sin mover ficha. Abarata el despido cuando lo que hace falta es facilitar la contratación.

Ontinyent, ciudad eminentemente agrícola que fué en el pasado reciente, abandonó los aperos para cambiar el esfuerzo sujeto a los avatares del mercado por la seguridad del salario fijo de la industria textil.
Tuvo un crecimiento constante. Muy positivo fué cuando todo el mundo trabajaba, se enriquecía y mejoraba las condiciones de vida. Algunos reveses globales como las 2 ó 3 crisis del petróleo en los años setenta y ochenta del s. XX, la financiera de los noventa y la burbuja tecnológica de principios del s. XXI afectaron nuestra economía y, si bién es cierto que se recuperaron al 100 %, seguimos tirando sin apenas recibir sustos duraderos.
En todo aquél tiempo de subidones económicos nadie se ocupó de que nuestras estructuras económicas y de trabajo venían de un régimen político autoritario que había que recomponer. Las espectaculares subidas del precio del petróleo hizo que los mercados dependientes fuesen menos competitivos. Paises con energías procedentes del carbón, hidráulica y nuclear sufrieron menos las embestidas de los precios.
La burbuja financiera y la tecnológica no llegó a afectarnos en exceso porque los niveles de crecimiento del pais eran altos. Pero también sufrimos aquellos ramalazos en forma de paro y cierre de empresas.
La crisis financiera global que se inició en 2007 y la burbuja inmobiliaria española de 2008 ha precipitado al abismo nuestra economía.
En estos 40 años de tropiezos y recuperaciones ha subido el precio de la energía en más de un mil por cién, así como los de las materias que se obtienen del petróleo (plásticos y textiles) y el transporte, han aumentado los impuestos sobre el consumo y el trabajo, es decir hemos perdido competitividad porque nuestra productividad ha disminuido en relación a paises de nuestro entorno económico.
Y mientras tanto el gobierno sigue sin mover ficha. Bueno, le han obligado a mover alguna, pero ZP  se ha equivocado de pieza: abarata el despido cuando lo que hace falta es facilitar la contratación.
No nos merecemos políticos a lo Zapatero, ensimismado en políticas sociales subvencionadas, en favorecer fuentes de energía irrelevantes y no rentables y abandonar la promoción del carbón y la energía atómica. Como tampoco se han ganado la confianza los sindicatos UGT y CCOO nutridos por crecientes subvenciones del gobierno ZP y hacinando su caverna con propósito de perdurar los sindicatos como correa de transmisión del hastiado poder.
Ni los sindicatos ni Zapatero conseguirán inmovilizar mañana Ontinyent: ya está demasiado parada.

No a la huelga 29 S

  

Nadie cree, excepto los liberados sindicales y doctrinarios al uso, que los sindicatos mejoran las perspectivas de empleo con salarios elevados.

 Todavía hay gente, sindicalistas y políticos de izquierda principalmente, que presentan a los sindicatos como instituciones libres. Lo fueron cuando luchaban por la libertad de asociación y se ganaron el apoyo de amplios sectores sociales - el caso CCOO fué ejemplar en el tardofranquismo-. Desgraciadamente conservaron apoyos de socialistas y conservadores ingénuos después de haberse convertido en la única institución privilegiada con licencia para conservar la fuerza sin ley. Su actual poder se basa en la coacción que ejercen sobre otros trabajadores que con amenazas de utilizar la violencia, disuaden de ofrecer su trabajo en las condiciones que los mismos sindicatos han acordado en el convenio.
La acción sindical consiste en monopolizar el proceso que equilibra la oferta y la demanda de la actividad económica y suspenderlo. De esta manera el uso de la fuerza por parte de los sindicatos para determinar una estructura de salarios que otros grupos menores consideran alcanzable, llega a convertirse en el principal obstáculo para alcanzar un nivel de empleo elevado y estable.
Nadie cree, excepto los liberados sindicales y doctrinarios al uso, que los sindicatos mejoran las perspectivas de empleo con salarios elevados. Hoy en España esa es la causa principal del paro y de la disminución del nivel de vida de la clase obrera.
España es un país con fuerte déficit de la balanza comercial por cuenta corriente, es decir el coste de nuestras importanciones es mayor que el de las exportaciones. Eso quiere decir que nuestra subsistencia depende del comercio internacional, y el empeño de proteger los salarios contra las fuerzas del mercado tiene como consecuencia el aumento del paro. Por tanto urge ser competitivos para vender los bienes y servicios que producimos, para lo cual es imprescindible bajar los salarios reales.
El gobierno socialista Zapatero, en contra de sus principios, presionado por la Comisión Europea y el gobierno Obama, abandonó su fé para no perder la silla -bajada de pantalones, en puro argot-, es decir, está disminuyendo el gasto público, aunque insuficiente, a base de los más débiles. También ha retraido el presupuesto de inversiones en infraestructuras, lo cual traerá retraso respecto a otros paises de nuestra competencia.
Pero lo urgente es que se libere el contrato laboral para que las empresas y los trabajadores reanuden la actividad más necesitada, la económica, por encima, sí, de la sindical, hoy por hoy desprestigiada, doctrinaria, subvencionada y privilegiada.
Para los sindicatos sólo existen derechos sociales y laborales, como dice Manuela Pascual, Secretaria de CCOO Comarques Centrals, pero olvida los verdaderos derechos funtamentales del individuo en materia de trabajo que son el de libertad de elección, libertad de acudir al trabajo, derecho a la no agresión y el derecho a firmar contratos líbremente.
Yo creo que la verdadera fuerza sindical radica en los liberados, mantenidos a base de subvención por los gobiernos democráticos, atenazados ante las amenazas de huelga. Esos gobiernos han conseguido hacer de los sindicatos el único poder fáctico no democrático que queda en España. Si nuestro gobierno tiene voluntad de garantizar la libertad y la seguridad de los trabajadores la huelga creo que fracasará. Pero su estabilidad también depende de las dos centrales sindicales mayoritarias.

Huelga: el barco se hunde

 El monumental cabreo al regreso de Madrid sin haber podido empezar ninguna de las dos gestiones que debía haber realizado son el motivo de este post.
Huelga en el Metro.- La huelga no es ningún derecho fundamental. La libertad de acción y de pensamiento sí es un derecho. No hace falta ninguna ley que diga cómo debo hacer después de elegir líbremente, basta con querer ir a trabajar para que nadie lo impida. La huelga no está regulada por ley, pero sí está penalizada como delito la coacción, el impedimento, la violencia, la agresión sobre ninguna persona por el hecho de querer ir atrabajar. Y todos esos sindicalistas parasitados en el mundo sindical que actúan con intimidación y violencia como justificantes de sus acciones políticas deben ser denunciados por quienes tienen la obligación de velar por nuestra seguridad: los políticos. El partido socialista ya lo ha hecho inhibiéndose, claro, pues son hermanos de clase obrera unidos en la lucha contra el capital representado por la derecha, el rintintin decimonónico del marxismo incrustado en cerebelo reivindicativo. Esto no tiene ningún sentido en el siglo XXI.
La derecha veremos si sigue pasteleando con los sindicatos. De momento en Madrid Esperanza Aguirre tiene ante sí enviar cartas de despido por los incumplimientos de trabajo (el Metro de Madrid es empresa pública que depende de la Comunidad) y poner ante el juzgado a los violentos agresores contra el derecho a la integridad física de las víctimas (es la máxima responsable del Gobierno de la Comunidad). Debe hacerlo, es un problema político que se emprende con acciones públicas.
Las que hemos ido y vuelto en menos de 10 horas sin provecho estamos con el enfado y la crispación del trabajo impedido por terceros y con la cartera un poco más esquilmada sin posibilidad de recuperar.
Los sindicatos conquistaron las vacaciones, también consiguieron las pagas extras para los trabajadores y trabajadoras. Y ahora nos van a sacar de la crisis económica. Porca misseria ...