Huelga de los basureros

Recisa es un monopolio en la recogida de residuos, no está sujeta a ninguna competencia, por lo que el precio por los servicios que presta es arbitrario, irreal y muy por encima del que podría suministrar cualquier empresa sometida a la competencia de otras que trabajan por ofrecer el mismo servicio. 

La festividad de los Reyes Magos se aproxima, la huelga de los basureros también. La primera es alegría, sobre todo para los pequeños, la segunda es un problema para los pequeños, pero también para los mayores. Reyes Magos equivale a satisfacción a través de regalos entre familia y amigos. Huelga es homólogo de insatisfacción y en el caso que nos ocupa, provocada por el sistema político de recogida de residuos, antes basura (por mucho empeño que pongan con el uso de "otras" palabras, no podrán quitar el significado de las conocidas de siempre).

Ni los medios de difusión oficiales, ni los de comunicación tradicionales, explican cuál es el problema de la recogida de basura, porque sus responsables no tienen el menor interés en explicarlo: ni los burócratas responsables de Recisa (empresa de recogida), ni los representantes del pueblo en el municipio, ni los encargados de la Mancomunitat, ni la propia Consellería tienen el menor interés en explicar qué sucede. Como es costumbre, políticos y burócratas hacen uso de conceptos y siglas para confundirnos: Recisa, Mancomunitat, Consorcio del Plan Zonal, ayuntamientos y los partidos que en ellos cohabitan utilizan el problema de las basuras para echarse déficits presupuestarios a la cabeza y responsabilizar al otro del problema económico, que no es otro el causante del anuncio de la huelga.

Para mí el problema no es otro que los déficits originados en Recisa por la gestión de un servicio cuya financiación es pública, su capital social es público y sus empleados son poco menos que funcionarios públicos. Veamos, Recisa es una empresa que funciona gracias a las subvenciones y transferencias de la Generalitat, Mancomunitat y ayuntamientos, en lugar de los clientes que reciben su servicio día a día. Como todas las entidades públicas citadas desde hace muchos años gastan más de lo que ingresan, la burbuja política que han creado hace que todos las empresas por aquellos contratadas reciban cada año menos transferencias, hasta el punto de no poder pagar a sus empleados. 

Recisa es un monopolio en la recogida de residuos, no está sujeta a ninguna competencia, por lo que el precio por los servicios que presta es arbitrario, irreal y muy por encima del que podría suministrar cualquier empresa sometida a la competencia de otras que trabajan por ofrecer el mismo servicio.

Hasta hace 30 años los ayuntamientos contrataban a empresas privadas, cuyos precios no podían exceder lo que el mercado negociaba, con el riesgo de perder el municipio que trabajaban. Con la llegada de esta democracia, los políticos al uso emprendieron la tarea de acabar con muchas empresas creando otras nuevas donde colocar a familiares, amigos y compromisos. Unos cuantos años han bastado para que esta clase pública nos haya introducido en la mayor crisis económica conocida al menos en los últimos cién años.

Es necesario que algún responsable con sentido común explique el por qué de una huelga anunciada cuando todos los vecinos pagamos las tasas de basura. Si nosotros pagamos al ayuntamiento lo que este nos exige y el ayuntamiento paga lo convenido con la empresa de recogida, ¿por qué los trabajadores de Recisa van a la huelga?

Mientras tanto, seguiremos atendiendo la ancestral costumbre de hacer felices a los pequeños en la festividad de los Reyes Magos.

Feliz año económico 2013.

Cal y arena para Filiberto Tortosa

La pérdida de confianza del plenario ontinyentí sobre la figura de su representante ante la Mancomunidad, Filiberto Tortosa, está dando que hablar más de lo previsible, dentro y fuera del PP.

Tortosa demostró su carácter duro y austero como portavoz de su partido los 4 años de gobierno conservador, presentando batalla dialéctica allá donde el rival blandía la espada. Nunca me pareció que se amilanara ante una insinuación, ataque o desplante, al contrario las acometidas de sus contrincantes le servían de revulsivo para montar nuevas estrategias. En esta ocasión, con motivo de la desconfianza plenaria,  me ha parecido disimular ante la adversidad, reconocer su derrota y retirarse para agrupar sus tropas y otear el horizonte adverso, dispuesto a presentar batalla cuando se encuentre en posición adecuada.

Y pues sus tropas son escasas para acometer pronta batalla, pienso que va a llevar a cabo un tránsito del desierto en solitario arropado únicamente por sus escasas ideas políticas y sufrir la catarsis necesaria antes del nuevo y necesario reagrupamiento.

Rotundamente Filiberto se equivocará si no encuentra nuevos compañeros independientes y medianamente formados en esgrimir desde principios políticos los argumentos políticos del oponente. 

Mal que les pese a sus seguidores, Tortosa no ha sabido gestionar con criterios de mercado el servicio prestado por la empresa pública de recogida de basuras y ha caído en los errores que cometen todas las empresas cuyo mantenimiento y gestión dependen de las subvenciones públicas. Como la subvención llega mermada, ahora somos los usuarios del servicio los que tenemos que pagar la mala gestión pública. En esto, la política económica de la Mancomunidad bajo la batuta de Tortosa no se diferencia de la de los socialistas en el ayuntamiento de Ontinyent respecto a las tasas de recogida de basuras: ambos dos han hecho lo más fácil, cual es repartir las pérdidas entre los contribuyentes o, como se dice ahora, socializar las pérdidas.

Si Filiberto Totosa quiere ganarse a futuros electores debe marcar diferencias con el socialismo en aquéllo que nos afecta a todos, la economía, presentando batalla a las prácticas intervencionistas de los gobiernos y ofreciendo al individuo ejercitar su libertad sin barreras ni impedimentos contra la promoción de riqueza.

Yo amo España

En defensa de la Nación Española, yo estaré allí, en Colón, Madrid, el día 6.

Ontinyent mejora la seguridad ciudadana

Los que entendemos y anunciamos que la libertad es el motivo principal de nuestra vida, que por conservar la libertad y la vida hay mucha gente que pierde la suya, compartimos la creencia de que el Estado debe ser el garante de nuestra seguridad. Personalmente creo que las instituciones del estado español no deben regatear medios que mejoren constantemente la seguridad y la vida de sus ciudadanos.

Es responsabilidad de nuestros gobiernos utilizar tecnología y policía para defender la vida de sus habitantes, en lugar de gastarla en crear empresas de dudosa finalidad pública (tv, polideportivos, programaciones culturales, distribución de aguas potables y para riego, etc). 

Por ello, los ontinyentins estamos de enhorabuena al disponer de un sistema de localización de alarmas en las urbanizaciones que rodean la ciudad, que sin ninguna duda será un puntal para el servicio más eficaz que mejorarará la seguridad de sus vecinos.

Estas son las inversiones que necesita Ontinyent: las que afectan a nuestras vidas, nuestra seguridad y a nuestra calidad de vida, siempre igual para todos, no dirigidas a grupos afines al gobierno de turno.

Especialmente quiero felicitar a Jorge Rodríguez no sólo por haber participado, junto a su corporación, en este evento, sino, sobre todo, por reconocer la labor adelantada por corporaciones anteriores. Ojalá sirva de modelo para iniciar actuaciones que afecten a todos los ciudadanos, allí donde el dinero no duele.

14 de Noviembre: No a la huelga general

  Los sindicatos son organizaciones apesebradas que impiden el acceso al trabajo

La huelga general es una acción de los sindicatos contra los empresarios. El trabajador rompe unilateralmente el contrato firmado con el empresario. Desde el punto de vista jurídico, es inaceptable que una parte rompa el contrato sin ser castigado por los daños causados. Por muy constitucional que sea la huelga, se pone de manifiesto la falta de ética que gobierna nuestro ordenamiento en lo referente al cumplimiento de contratos.

Las consecuencias inmediatas del incumplimiento contractual del huelguista debían ser:
     - la no percepción del salario de la jornada
     - pagar daños y perjuicios por el incumplimiento de su deber laboral a la empresa perjudicada
     - tener derecho el empleador a rescindir el contrato del trabajador por negarse éste a cumplir con su obligación

Claro que en una sociedad donde el trabajo está intervenenido por el Estado, cualquier ideal sobre el deber ser se convierte en una imposición legal. Así queda el panorama tan sólo echando una mirada al horizonte:
     - los salarios están impuestos por los convenios laborales, arropados por una exhaustiva legislación laboral a favor del contratado
     - a esos salarios se suman los altos porcentajes de seguridad social que abarcan sanidad, pensiones, subsidios y otros, sancionados por decreto a cargo de trabajadores y, sobre todo, empresarios y autónomos
     - no se permite la promoción del trabajador en la empresa, tampoco la deslocalización hacia otros lugares de implantación de la empresa, fuera del ámbito que la ley tolera
     - incumplir el contrato con el abandono voluntario del trabajador no está castigado, mientras que el despido está sancionado con la indenmización
     - de esta manera el trabajo se convierte en una actividad subsidiada por la empresa y por el estado, muy lejos de ser la auténtica actividad productiva que hace competitivos a los productos y servicios

Los sindicatos son organizaciones apesebradas que impiden el acceso al trabajo para mostrar su desacuerdo con alguna política que realiza el gobierno, como por ejemplo impedir que se liberalicen las relaciones laborales o cualquier estructura que libere a los usuarios de ataduras que obstaculiza la libre elección.

Dado el poco poder de penetración que tienen los sindicatos en la sociedad, los dias de huelga general utilizan piquetes violentos y amenazas para coaccionar al trabajador que se resiste a la huelga: obstaculizan el transporte público, la circulación de mercaderías, la apertura de comercios, poniéndose contra la voluntad de la gran mayoría que elige llevar la normalidad a un día de huelga general.

Los sindicatos no disponen de fondos propios suficientes con la cuotas que cobran a sus afiliados. Se financian con subvenciones de las tres instituciones del estado -gobierno central, autonómico y municipal- que proviene de los impuestos que el estado expropia de nuestros beneficios para que los sindicalistas promuevan huelgas y coacciones contra los intereses individuales de las personas.

El Hospital, Sanidad y el Alcalde de Ontinyent

En los últimos estertores de la primera burbuja, la financiera, el gobierno de la Generalitat, através de la Consellería de Sanidad, incluyó la construcción de un Hospital para Ontinyent. El dinero entraba fácil a las arcas valencianas, procedente de nuestros impuestos, y electoralmente le convenía a su gobierno, cosa que aprovechó muy bién la alcaldesa Insa para su partido. Sin terrenos ni maquetas, improvisaron lo que pudieron para dar toques de realidad a un proyecto aún en la imaginación de sus preceptores.

El fracaso de aquélla iniciativa no produjo otro mal a los ontinyentins que los 30.000 euros que se llevó el poste anunciador de la ubicación del edificio hospitalario,sin embargo la oposición socilista supo llevar el caso contra los intereses del PP en la alcaldía y le sacó su fruto, puesto que de aquella presión empezó a lograr un esquisito zumo para sus intereses electorales y supo dejar a Lina Insa en afamada precariedad.

En plena burbuja política, hace unos dias la Conselleria de Sanidad ha anunciado que retiren del cobro el importe de la licencia municipal del Hospital -creo recordar que era de 800.000 euros- porque no habrá edificio hasta 2015, siendo muy optimistas. Y ahí es donde le duele al actual gobierno municipal. 

Si los presupuestos de 2012 incluyen el ingreso de la licencia y no la podemos cobrar significa que si se quiere cumplir con el presupuesto municipal, el ayuntamiento tiene que dejar de gastar partidas por el valor de la licencia y eso les supone un plus difícil de cumplir a estas alturas del año. Lo cual quiere decir que la única manera de dar salida a la burbuja creada en el ayuntamiento por las decisiones políticas equivocadas es con medidas austeras, ahorrando y no gastando.

Claro, la izquierda en masa a puesto el grito en el cielo para dejar constancia que la exclusión del hospital es responsabilidad de la derecha de Valencia, tiene razón, pero porque el gobierno valenciano está siendo un poquito menos derrochador que el del expresident Camps, pero solo un poquito, igual que el de la izquierda ontinyentina en relación al ayuntamiento del PP de Insa. No obstante, el alcalde Rodríguez de Ontinyent sigue enviando cartas para librar responsabilidad de este desaguisado.

El meollo de todo el problema me temo que no es la falta de plazas hospitalarias ni el desplazamiento a Xátiva de pacientes, sino la pérdida de 800.000 euros, el 3,2 % de los ingresos de un presupuesto municipal mal ajustado y peor ejecutado.

El final de la película es conocido: más deuda municipal que nadie va a remediar que los paganos seamos Vd y un servidor.

¿Quién dijo xenófobos?

Los nacionalistas son integradores, aman su tierra y las colindantes, también a sus habitantes. Son permeables y dadivosos con sus vecinos, aceptan la exclusión para mejorar la cultura y las relaciones humanas. Ningún nacionalista es miembro de una sociedad tribal, detestan la tribu.
Sin embargo, los pensamientos de algunos dirigentes los delatan.