Un aeropuerto para La Vall

Las leyes de economía sostenible son la vía para expropiar bienes privados, pero con otras palabras.
No es la primera vez que salta a los medios la noticia de que en la Vall d'Albaida se va a construir un aeropuerto. La iniciativa es de un grupo empresarial, privado por supuesto, sin que al parecer tenga que ver la Administración del Estado ni en el proyecto ni en la inversión económica.
Quiero destacar primero la gallardía que muestran estos empresarios en promocionar un proyecto valiente que tendrá sin duda un impacto económico de extraordinaria consecuencia económica, principalmente en la comarca. El fruto de esta inversión no es otro que crear riqueza.
La Generalitat es la responsable de aprobar o negar el proyecto. Según Las Provincias, aquella exige tres requisitos para construir un aeropuerto:
1º.- El lugar donde se construya toda la estructura no ha de tener riesgo de inundaciones, obvio desde los desastres producidos a personas por permitir asentamientos cerca de la avenidas de rios.
2º.- Las corporaciones municipales deben apoyar la construcción del aeropuerto, ¡claro! como cualquier iniciativa los ayuntamientos deben dar su aprobación.
3º.- Que la zona esté situada en zona de paso de aves protegidas. En este punto me detengo y comento.
Las "políticas de sostenibilidad" en boga representan la sutil praxis de ejercer el asedio a la propiedad privada con la excusa de la protección del medio ambiente. Con el pretexto de proteger el medio se adivina un "exprópiese" como el fascista Hugo Chavez propagaba hace unos días sobre edificios privados. En el caso de los terrenos para el aeropuerto se expropia una parte de su uso sin compensación para el propietario, porque pasan aves protegidas. Si las aves no están protegidas entonces se puede construir. Pedantería barriobajera.
Pregunto: ¿Por qué los que han hecho la ley deciden que unos animales deben ser más respetados que otros? ¿De quién reciben el mandato para actuar contra personas que no delinquen? Porque el hombre entiende la ley que es natural, pero lo que nos llega impuesto no lo reconoce. Y esta norma avícola, querido lector, es una imposición de grupos ecologistas que atienden sus propios intereses por encima de la necesidad y el progreso humanos, retomada por políticos para hacerse notar y en agradecimiento por los servicios prestados (vulgo, mantenerse callados).
Los políticos favorecen a pequeños grupos de presión y se olvidan de garantizar la libertad, la propiedad y la libertad de contratos, que son los derechos que nos competen a todos por igual.