El Consorcio de Residuos: Ontinyent reacciona

 Ha retirado el cobro de las tasas abusivas por la basura

La presión ejercida por el ayuntamiento, tanto por los ediles como por los técnicos de intervención, ha dado unos resultados excelentes, a tenor de la noticia que dá la web del consistorio: la Diputación no emitirá recibo que incrementa la tasa de recogida de basura.

La movilización ciudadana ha tenido su protagonismo para ayudar a detener el abuso que pretendía el Consorcio de Residuos, según el informe esclarecedor emitido por el interventor del ayuntamiento.

Explícitamente, el Decreto emitido por la Diputación reconoce que se iba a cobrar un servicio sin haberlo prestado. Si se hubiera pagado, la Administración Pública hubiese cometido delito y seguramente habría quedado impune si no se recurre en tiempo y forma. Ahora surge la pregunta del millón: ¿Sabía el Consorcio que el cobro de un servicio no prestado es ilegal? ¿Prevarican cuando insisten en ingresar dinero de un servicio no realizado sabiendo que nadie puede hacerlo?

Los representates del Consorcio no son de fiar. Si, además, el ayuntamiento puede ofrecer la tasa más barata, ¿cuál es el problema?

Como concluía en el post anterior sobre la corrupción, nuestros concejales deben ver la viga en sus propios ojos en el caso del cobro de la tasa de residuos del diseminado, puesto que cobran un servicio sin darlo. Si una familia usa dos viviendas durante el año, o está en la ciudad o en el campo, pero nunca en los dos sitios a la vez, por tanto sólamente puede producir basura en el lugar donde está viviendo en un momento determinado. 

Basura y agua potable son servicios que propone el ayuntamiento pero cobra a los vecinos sin que muchos hagan uso de  ellos. Ambos están subcontratados a empresas públicas, denunciadas una y otra vez por Mime (aquí y aquí) porque año trás año son deficitarias por la defectuosa e incompetente gestión empresarial. 

Si la presión sobre el Consorcio de Residuos ha sido eficaz, el ayuntamiento debe saber que el cobro de tasas por servicios no prestados es un abuso moralmente reprobable. Pero en estos casos, los vecinos de Ontinyent estamos huérfanos de representantes que defiendan los derechos de todos en cualquier momento y ante cualquier abuso.