...el dinero necesario para la actividad empresarial proviene de sus dueños o accionistas que aportan a la empresa como fondos propios, beneficios de las operaciones que realizan o prestado de las instituciones financieras ... los ayuntamientos obtienen sus recursos a través de los impuestos¿Es lícito que un ayuntamiento gestione sus recursos para generar superavit? Unos responderán " ... y por qué no?", otros pensarán que rotundamente "sí" y algunos responederemos categóricamente "no", no es lícito que un ayuntamiento gestione su presupuesto con la mirada puesta en el horizonte del beneficio empresarial, sencillamente por que la institución pública no es una empresa.
Es sabido que el dinero necesario para la actividad empresarial proviene de sus dueños o accionistas que aportan a la empresa como fondos propios, beneficios de las operaciones que realizan o prestado de las instituciones financieras. Contribuyen líbremente a un proyecto con su trabajo y dinero y con sus garantías personales. De los bienes y servicios que ofrece, la empresa obtiene beneficios para pagar salarios, materias primeras y reservas para nuevas inversiones.
Sin embargo, los ayuntamientos obtienen sus recursos a través de los impuestos, palabra coactiva en sí misma, que obligan al ciudadano a depositar una parte de sus beneficios del trabajo bajo la amenaza de ser castigado. Y si las acciones de una persona están encaminadas a servir la voluntad de otro, podemos afirmar que estamos siendo coaccionados por éste.
Cada uno en su vida sabe que nadie puede utilizar la intimidación, la amenaza o la coacción para obligar a otro a que haga lo que yo quiero, porque sería atentar contra su libertad y eso está tipificado como delito. Esta consideración entra en conflicto con aquella que comentaba de la coacción de los ayuntamientos sobre sus vecinos para financiarse. He ahí la gran desigualdad que existe en muchas sociedades democráticas. Porque si aceptamos que es necesario contribuir para gestionar servicios comunes, también convengamos que los alcaldes ostentan un poder con limitados frenos y contrapesos que eviten incrementos arbitrarios de los impuestos. Sólamente personas dotadas de una moralidad impecable serían las elegidas para tan gran misión social, pero es sabido y aceptado que el poder corrompe, por tanto se necesita un poder limitado que evite excesos y atropellos.
Aquí está la gran diferencia entre un ayuntamiento y una empresa. Además, así como la empresa inca su función en el beneficio, el ayuntamiento realiza servicios para la comunidad. Si un resultado económico diera beneficios, el ayuntamiento debería recortar los impuestos en el próximo ejercicio, lo cual aliviaría a sus vecinos, sobre todo en estos años difíciles.
Jorge Rodríguez no lo quiere ver así, es respetable que quiera destinar los beneficios del ayuntamiento a crear empleo. Así lo ha pedido en la última reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero no tiene argumentos que apoyen la necesidad de esa petición. Los beneficios que obtiene el ayuntamiento en su presupuesto deben destinarse a cumplir con sus obligaciones ante sus acreedores y luego, o a la vez, a cubrir los servicios presupuestados y ejecutados.
Si aún así sigue habiendo superavit, que anuncie bajada de impuestos para el siguiente ejercicio. Estoy seguro que esa medida le reportará suficientes garantías para sumar más votos en las próximas elecciones municipales.





