"Casitas" (ilegales) y Ayuntamiento (inútil)

tan malo es imponer la decisión de todos sobre una sóla persona como que ésta decida imponer su voluntad sobre el resto de la sociedad.

Los ontinyentins -y las ontinyentinas- hemos sido privilegiados en la compra de terreno para construir una casita. Siempre ha sido así: un propietario parcelaba 10, 20, 50 Ha en porciones de 2, 3 ó 6 hanegadas y las vendía facilmente. Parcelas de terrenos rústicos y no urbanizables, sin proyecto, ni agua potable, ni alcantarillado, sin luz ni viales se vendían para hacerse la "casita".
Y esto fué así durante mucho tiempo y no se hizo ruido. Pero llegaron los problemas relacionados sobre todo con la salubridad y la seguridad. Primero nuestro ayuntamiento declaró el "disemidado" como bién urbano residencial y se inchó a cobrar el IBI -impuesto de bienes inmuebles- hace más de 20 años. Cuando muchos pensábamos que con los millones del impuesto comenzaba el proceso de racionalizar el urbanismo de la periferia, los sucesivos ayuntamientos prefirieron los fondos recaudados para mejorar su imagen: mejoraron los salarios de concejales, compraron inmuebles del patrimonio artístico, gastaron en lujosas remodelaciones y aumentaron y ampliaron las subvenciones, o sea, se aumentó el gasto público en partidas de escasa necesidad.
Luego los empresarios de la construcción habrieron la vía del plan parcial de urbanismo como salidad a la presión que ya se sentía en la sociedad ontinyentina, pero muchos particulares continuaron construyendo sin licencia y en terrenos no autorizados.
El tripartito con Reguart y Portero dieron las primeras instrucciones para una salida pactada, pero se olvidaron de cerrar el pacto con el PP.
Ni unos ni otros han entendido que los problemas que afectan a toda la población deben negociarse políticamente para que sin importar quien gobierne, el curso del proceso no se detenga.
Y así, en lugar de hablar entre ellos, proponer soluciones, promover debates y crear opinión en la población, se dedican a echar carnaza como si fuéramos animales que callamos cuando nos dan de comer. Allí donde nuestros representantes debieran administrar grandes dosis de templanza a la población, reparten violencia dialéctica para aumentar la crispación.
A más a más, el ayuntamiento ni se plantea que está tratando asuntos de personas con derechos de propiedad, personas perjudicadas en el trato con amenazas y sanciones administrativas. Conviene advertir a las personas afectadas que su causa no puede ser instruida y sancionada por la misma parte, están los tribunales contencioso-administrativos para juzgar sus derechos.
Es hora de que nuestros políticos entiendan que los asuntos de interés general tienen que consensuarse. Ninguna mayoría debe imponer su criterio sobre el resto perjudicado. Los políticos deben reflexionar sobre los acuerdos mayoritarios, pues tan malo es imponer la decisión de todos sobre una sóla persona como que ésta decida imponer su voluntad sobre el resto de la sociedad.

Agresión a los derechos individuales de propiedad

Los políticos, locales incluidos, deben ponerse a nuestro lado, no para protegernos -paternalismo-, sino para defender nuestra propiedad de incursiones, que aunque legales son dictatoriales e injustas.

Jorge Rodríguez, lider de la oposición (PSOE) del ayuntamiento de Ontinyent, quiere que Miguel Alonso, Exconcejal de comercio (PP) presida una comisión para dar salida al lío que la ley antitabaco ha provocado en la hostelería. La razón única que arguye Rodríguez es que Alonso es el que mejor conoce la ordenanza de terrazas para bares y restaurantes de la ciudad. Aquí la noticia.
No es normal la propuesta de Rodríguez pues implícitamente reconoce que nadie de su partido está mejor situado que Alonso en el tema de las terrazas. En una de sus escasas inclusiones ante los medios, Alonso presentó la actual ordenanza hace unos dos años. Con despótica arrogancia imprimió esta frase en el frontispicio de su incursión política: "no permitiré que los comercios habran al público el día de la Inmaculada Concepción".
Ley antitabaco y prohibir que los comercios trabajen el día de la Purísima nos convierten en criaturas a merced de estímulos externos, cuyas decisiones pueden ser manejadas por los gobernantes por medio de amenazas de fuerza o de ofrecimiento de recompensas. El tandem Alonso y Rodríguez olvidan que somos seres autónomos portadores de los valores que hemos creado y dotados de una voluntad libre, nada hay peor que nos traten como si fuéramos el medio útil para conseguir sus fines políticos y sociales. No se dan cuenta que el marco donde actúa la ley antitabaco y la ordenanza de terrazas es el de la incursión en la propiedad privada, donde se desarrolla y engrandece la libertad individual, esa propiedad que nunca debiera ser quebrantada por la ley, antes bién protejida.
El bar como el comercio pertenecen a la esfera de lo privado donde sólo sus dueños tienen derecho a elegir a su clientela y establecer los horarios que ellos quieran. Los políticos, locales incluidos, deben ponerse a nuestro lado, no para protegernos -paternalismo-, sino para defender nuestra propiedad de incursiones, que aunque legales son dictatoriales e injustas.

La libertad en peligro

Ley antitabaco ...
Ley de la Economía Sostenible ...
Ley de la Memoria Histórica ...
Educación para la Ciudadanía ...
41 años cotizando para conseguir una pensión a los 67 años ...
Nadie puede trabajar fuera del marco legal ...
Emprendedores presos de las leyes monetaristas ...
Si a los hombres y mujeres no nos dejan vivir como queremos, si nuestra vida no nos concierne, "la civilización no podrá avanzar, la verdad no podrá salir a la luz por faltar una comunicación libre de ideas, y no habrá ninguna oportunidad para la espontaneidad, la originalidad, el genio, la energía mental y el valor moral." Dos conceptos de libertad. Isaiah Berlín.

Votar al diablo

Lo que tenía que pasar, pasó. "No hay dinero ni para una caña, Alberto" (Rubalcaba a Ruiz Gallardón en la inauguración de una comisaría). Mucho menos para un hospital o un puente, entre otras promesas una vez más incumplidas por los malos políticos.
Los alcaldes no explican proyectos, sólo hacen promesas. Los concenjales no saben lo que representan ni a quiénes representan, dicen ser de centro, pero no saben distinguir sus ideas de las de sus oponentes sino es porque se sientan enfrente. Nos aseguran que construirán monumentos porque tienen confianza en las siglas del gobierno que siguen, ellos mismos se lo creen y quieren que los que no estamos subyugados por siglas también  los creamos. Con la veleidad que mueve la ignorancia contribuyen al desprestigio de su casta, la política. Habría que hurgar en los silencios de la retaguardia de las lista electorales para descubrir una persona discreta, convencida de su trabajo dedicado al ciudadano basado en ideas forjadas en la experiencia y el uso del conocimiento.
Pero no hay nada que hacer. Salvo muy pocas excepciones, los candidatos los nombra el "aparato", los oligarcas, y ya se sabe que a la corte llegan los aduladores, pelotas y correveidiles, muchos de ellos serán imputados o estarán implicados en casos de corrupción urbanística.
Ya ven ustedes, no convencen, sólo prometen. Luego nos engañan y, algunos, se corrompen.
"¡Ser o no ser: he aquí el problema! ¿Qué es más levantado para el espíritu: sufrir los golpes y dardos de la insultante Fortuna, o tomar las armas contra un piélago de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con ellas?" W. Shakespeare. Hamlet

A. Rus: político de día, oscuro empresario

Alfonso Rus. En alguna ocasión me he referido a este cómico personaje. De empresario provechoso en sus inicios pasa a aprovechado político sin solución de continuidad. Alcalde de Xátiva por méritos democráticos, arrabalero para el despegue popular y conde-duque por obra y gracia de la fontanería Cam(s)pe(pe)ra. Hoy es el presidente de la MCP -Mayor Corruptela Política- al servicio exclusivo de los partidos políticos, las di-putaciones, por méritos digitales.
Este figura reune en Gandia a cofrades pescadores y otros para conquistar La Safor por métodos tan ecológicos como antieconómicos. Resulta que muchos estudios dan como probable la rentabilidad de la prospección petrolífera en la costa valenciana y Rus y su PP, lejos de negociar su ejecución para dar viabilidad a un proyecto de innegable valor económico y próspero para el futuro de los valencianos, se replega a las posiciones de retirada ecologista, que es como acudir a los ancestros del progreso y la evolución para ver como sigue pasando el cadaver de la pobreza ante su poderosa razón política.
No entiendo cómo se posicionan ante ZParo como el máximo responsable del desastre económico y no ven el despilfarro en la Comunidad  y la prohibición a inversiones rentables.
La paja en ojo ajeno ...

 

Ley antitabaco

No se necesitan leyes allá donde no existe conflicto entre personas. Nuestra vida en sociedad consiste precisamente en saber organizar nuestra relaciones para evitar desaveniencias

"Cumplo a rajatabla la ley antitabaco. En mi establecimiento no se fuma desde el día 2 de Enero. Mis clientes comprenden mi actitud cuando defiendo que hay que acatar la ley. Ellos también la entienden. Pero los veo menos por mi establecimiento. Si se produce caida de ingresos tengo que cerrar en pocos meses. O no acatar la ley".
Este comentario es de mi vecino, el propietario del establecimiento. Su postura es pasiva, de verlas venir con el tiempo y esperar el desarrollo de acontecimientos. Porque la gran mayoría de empresarios han adoptado esta posición, algo así como que la rebeldía de muchos puede hacer que el gobierno derogue la ley. Merece la pena profundizar un poco en el asunto.
El problema es si estamos obligados a obedecer las leyes del estado democrático o si hay que defender el cumplimiento de la legislación vigente independientemente de su contenido.
Como liberal y demócrata, me aferro al cumplimiento de la legislación para poder luchar contra la violencia de las leyes discriminatorias que atentan contra la libertad como principio de no agresión.
Desde la ética liberal es injusto utilizar la fuerza contra el individuo en el uso pacífico que hace de su cuerpo y sus bienes. Pero es justo utilizar la fuerza sólo como respuesta a una agresión.
"Si la ética liberal proscribe el inicio de la fuerza y la legislación estatal entraña el inicio de la fuerza, exigir la estricta aplicación de la ley supone defender el inicio de la fuerza en menoscabo de dicha ética." (A. Esplugas Boter). Es más, si el contenido de la ley es contrario a la libertad, su incumplimiento es legítimo y su aplicación, injusta, es igual que la promulgue un monarca , un dictador o un parlamento democrático.
La legislación antitabaco es un mandato coactivo que busca imponer la voluntad de unos sobre otros, interfiriendo en la esfera individual que las leyes debieran proteger.  No se necesitan leyes allá donde no existe conflicto entre personas. Nuestra vida en sociedad consiste precisamente en saber organizar nuestra relaciones para evitar desaveniencias y en el caso del fumar, existen espacios para la convivencia sin necesidad que la legislación perturbe nuestra coexistencia pacífica.
¿Es víctima una persona por entrar en local de fumadores a sabiendas que se fuma? No, no lo es, puesto que puede elegir otro lugar. Sin embargo, con la ley antitabaco están proliferando víctimas que delatan a infractores que dicha ley ha convertido en delincuentes. Incluso los legalistas más acérrimos se negarían a secundar una ley democrática que obligara a delatar a los fumadores para que se les aplicasen latigazos. Delatar es acusar para ayudar a la justicia, pero en este caso la delación es interesada y odiosa; útil, sí, pero no menos despreciable.

Fabra y el honor del president

Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, demanda al Bloc d'Ontinyent por aparecer su foto en las papeletas de lotería del Niño. Lea aquí la noticia. La demanda es por la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
Derecho al honor.- Entendemos por tal derecho a la imagen que los demás tienen sobre uno mismo, la reputación y la fama que uno tiene ante los demás. Comprende también la conciencia que tenemos de nuestra propia dignidad, la autoestima. La violación de este derecho sucede cuando se imputan hechos falsos que afectan a la reputación o autoestima. Si los hechos se demuestran como falsos, el código penal describe delitos por falsedad, injurias, etc, pero si yo no puedo denunciar actos presuntamente delictivos de un tercero amparado en el derecho al honor, ¿no supone entonces este derecho una vulneración a la libertad de expresión?
Por otra parte, es cierto que los individuos tenemos derecho a la reputación que hemos conseguido a base de esfuerzo y trabajo, pero esa reputación es función de las opiniones que los demás tienen sobre nosotros, nuestra reputación es la imagen que los demás tienen sobre nosotros. Si queremos ser propietarios de nuestra reputación, de nuestro honor, es como decir que tenemos derechos de propiedad sobre los pensamientos ajenos.
Sin duda, la foto de las papeletas no difama, ni menoscaba la dignidad. Su imagen es pública y, lo peor, se siente aludido y perseguido. Cómico.
Derecho a la propia imagen.- Este derecho faculta a las personas a reproducir su imagen e impedir que terceras personas la registren y reproduzcan sin su consentimiento, excepto los que ejercen cargo público. Esto sería punible si el autor ha invadido la propiedad ajena sin el permiso de su titular. Pero conseguir una imagen de Carlos Fabra por medio de un buscador es muy fácil. ¿Ha dado Fabra su consentimiento a la publicación de cada imagen, cada foto, cada vídeo? Seguro que no. ¿Es delito verlas, reproducirlas?
Con la estampa en la papeleta tampoco se está cometiendo fraude contra los consumidores, no hay mentira para vender fraudulentamente más papeletas.
La imagen no es un bién escaso con el que puedo reclamar un derecho de propiedad para venderla y aprovecharme de ella. La imagen es un objeto inmaterial que puede ser utilizado por muchas personas para otros tantos fines. La creación artificial de escasez en bienes no tangibles es una majadería.
Si Fabra no es propietario de los pensamientos ajenos, si su imagen no es un bién escaso para que él sea el dueño exclusivo y sacar incentivos de su propagación y venta, no entiendo que el Juzgado de Castellón ordene el secuestro de las papeletas y su anulación para que no nos toque.