Generalitat irresponsable: quiebra la justicia

JUSTISEU es el plan establecido por la Generalitat Valenciana para implantar nuevas sedes judiciales, desde 2008 hasta 2011. Ontinyent era una de las nuevas sedes, hasta 28. De ellas se han descartado 12, incluida la nuestra. La causa es la conocida por mil veces repetida: no hay dinero.
El programa se aprobó con partida presupuestaria prevista, ¿a dónde fué a parar el dinero? El problema no es que el gobierno proyectara construir 28 nuevas sedes judiciales, si no que las presupuestaran sin fondos suficientes.
Sin embargo, sí que hay dinero para mantener inversiones deficitarias: treinta empresas públicas que rebajan el sueldo a sus dirigentes para disimular, nuevas subvenciones a empresarios, Palau de Les Arts, L'Agora y lo que más duele, la carrera de Fórmula I y el aeropuerto de Castellón, sin olvidar la TVV.
La Generalitat tiene el mandato constitucional de garantizar la libertad de todos los valencianos y uno de los instrumentos más importantes para ese fin es el de dotar a la justicia de estructura y medios. De los medios hemos conocido este verano que los juzgados de este partido judicial no tenían fondos ni para comprar folios, vergonzoso. Y ahora nos acabamos de enterar que tampoco hay dotación para construir la proyectada estructura material, el edificio suficiente para los menesteres de este partido.
El expresident Camps y sus gobiernos han situado a la Comunitat a la cabeza del endeudamiento público, multiplicando por tres la deuda que recibió de Zaplana. En 10 años se gastaron lo ingresado por impuestos autonómicos, las transferencias de Madrid y 13.000 millones de aumento de la deuda que ahora debemos a entidades financieras. Un desastre.
Por mucho que critiquemos a gobierno y oposición siempre habrá desaprensivos o ignorantes de sus obligaciones públicas. Es necesario que se limite el poder de las instituciones del Estado y se reparta entre ellas, es necesario que queden delimitadas las funciones de cada institución, es necesario que la Constitución limite las funciones del Estado a lo que es justo, es necesario que los españoles recuperemos las iniciativas que en otro tiempo disfrutamos en materia económica y cultural.
Si esto no cambia, nunca recuperaremos la confianza, la dignidad y la libertad debidas.