Generalitat irresponsable: quiebra la justicia

JUSTISEU es el plan establecido por la Generalitat Valenciana para implantar nuevas sedes judiciales, desde 2008 hasta 2011. Ontinyent era una de las nuevas sedes, hasta 28. De ellas se han descartado 12, incluida la nuestra. La causa es la conocida por mil veces repetida: no hay dinero.
El programa se aprobó con partida presupuestaria prevista, ¿a dónde fué a parar el dinero? El problema no es que el gobierno proyectara construir 28 nuevas sedes judiciales, si no que las presupuestaran sin fondos suficientes.
Sin embargo, sí que hay dinero para mantener inversiones deficitarias: treinta empresas públicas que rebajan el sueldo a sus dirigentes para disimular, nuevas subvenciones a empresarios, Palau de Les Arts, L'Agora y lo que más duele, la carrera de Fórmula I y el aeropuerto de Castellón, sin olvidar la TVV.
La Generalitat tiene el mandato constitucional de garantizar la libertad de todos los valencianos y uno de los instrumentos más importantes para ese fin es el de dotar a la justicia de estructura y medios. De los medios hemos conocido este verano que los juzgados de este partido judicial no tenían fondos ni para comprar folios, vergonzoso. Y ahora nos acabamos de enterar que tampoco hay dotación para construir la proyectada estructura material, el edificio suficiente para los menesteres de este partido.
El expresident Camps y sus gobiernos han situado a la Comunitat a la cabeza del endeudamiento público, multiplicando por tres la deuda que recibió de Zaplana. En 10 años se gastaron lo ingresado por impuestos autonómicos, las transferencias de Madrid y 13.000 millones de aumento de la deuda que ahora debemos a entidades financieras. Un desastre.
Por mucho que critiquemos a gobierno y oposición siempre habrá desaprensivos o ignorantes de sus obligaciones públicas. Es necesario que se limite el poder de las instituciones del Estado y se reparta entre ellas, es necesario que queden delimitadas las funciones de cada institución, es necesario que la Constitución limite las funciones del Estado a lo que es justo, es necesario que los españoles recuperemos las iniciativas que en otro tiempo disfrutamos en materia económica y cultural.
Si esto no cambia, nunca recuperaremos la confianza, la dignidad y la libertad debidas.

Sobre el patrimonio y los altos impuestos

Está el personal alborotado trás el decreto del gobierno de incorporar el impuesto sobre patrimonio. Personalmente no estoy de acuerdo con el impuesto, porque con el dinero que ganamos con nuestro trabajo contribuimos al estado con el IRPF, sociedades, IVA, gasolina, tabaco, y con lo que nos queda  ahorramos o compramos bienes muebles e inmuebles. Ahorros y bienes son gravados con el nuevo impuesto, por eso tributamos dos veces. Yo me pregunto qué justificación tiene el Estado para meter la nariz en nuestras casas y el resto de nuestras propiedades si estamos de acuerdo en que tributar por la propiedad de esos bienes es injusto.
Pero el debate se amplía porque algunos opinan que la causa de la crisis económica en España es debida a los bajos impuestos que pagamos, como Vicenç Navarro catedrático de la Pompeu Fabra que llega a afirmar que la política fiscal española es regresiva porque los ricos y las clases profesionales altas no pagan o pagan muy poco. El Ministro José Blanco es un aplicado alumno de Navarro pues hace unos meses se jactaba de que los impuestos españoles son muy bajos. Como acostumbran, el socialismo siempre en campaña, incluso mintiendo para lograr sus objetivos.
En el informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, de 2010, el pago de IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social (tanto por parte del trabajador como del empresario) ascendió al 38,2% del salario medio en 2009 (23.943 euros brutos al año), por encima de la media de la OCDE (36,4%). De este modo, los españoles no sólo soportan uno de los esfuerzos fiscales más elevados de la zona euro (el 47% del sueldo si se incluye el IVA y los Impuestos Especiales) sino que también sufren una de las tributaciones más elevadas del mundo desarrollado. De hecho, si finalmente el Gobierno apuesta por subir nuevamente los impuestos, España corre el riesgo de entrar en el top ten de los países ricos con mayor tributación sobre el trabajo.

Además, la presión fiscal sobre el trabajo en el último año (2009) ha aumentado ligeramente en España del 37,8% al 38,2%, mientras que en 24 de los 30 países de la OCDE, la presión se ha reducido.
Por otra parte, si la alta imposición fiscal fuera el remedio para ayudar a salir de la crisis, es injusto que Grecia esté al borde de la quiebra, siendo su tipo impositivo del 41,5 %, más de tres puntos por encima del español.
Este gobierno y su política socialista en economía se ha caracterizado por el intervencionismo, el estrechamiento del espacio donde el individuo se mueve con libertad para desarrollar sus iniciativas, su negocio, ha limitado el terreno donde implementar iniciativas y aplicar incentivos para mejorar el nivel de su economía y la de los demás, todos ellos lugares y plazas donde se desarrolla la, para ellos, gran infamia liberal denominada mercado.

¡Qué viene más déficit!

Los servicios municipales públicos se financian con tasas e impuestos: polideportivo, teatro Echegaray, FUVA (Fundación Universitaria Vall d'Albaida), seguridad (Policía Municipal), aguas potables, recogida de basuras, etc. Unos son de exclusiva competencia del municipio y pagamos por ellos, como la policía, cuidado de calles y mobiliario urbano, ayuda al necesitado y funciones preventivas en materia de seguridad y respeto. En sí mismo son deficitarias puesto que son función municipal. Pero el resto de competencias citadas más arriba son deficitarias, es decir, se pagan con el dinero de los usuarios que al no ser suficientes, tienen que tomar prestado dinero de nuestros impuestos, los cuales no se recaudan para que hagamos deporte, asistamos a una función de cine o nos matriculemos en las clases de inglés. Véase que estos tres servicios no son públicos porque ya existen empresarios y autónomos que los ofrecen a los usuarios.
La competencia que se hace desde el ayuntamiento es desleal, por tanto ilegal y corrupta, porque con los impuestos que recauda de los servicios deportivos, culturales y educativos ya instalados en la ciudad, compite con las empresas autorizadas por el ayuntamiento para quitarles cuota de mercado. Por supuesto, desvía fondos destinados a obligaciones municipales con los vecinos dejándolos deficitarios en economía y servicio. Después, los mismos concejales se quejan de no tener suficiente asignación presupuestaria, cuando ellos han provocado el déficit.
El concejal de Educación no muestra así el comportamiento que debiera con sus vecinos. Su ejemplo no es merecedor de confianza y augura una legislatura llena de incertidumbre y pobreza, todo ello provocado por un desacertado comportamiento público.

La enseñanza del español en Cataluña

 Tres familias pidieron que sus hijos pudieran estudiar en español en una escuela en Cataluña. Les negaron ese derecho, las familias presentaron su caso a la justicia y ganaron. Ahora el gobierno autonómico de Cataluña desdeña respetar la sentencia y el gobierno central parece respaldarlo. Es ver y no creer. ¿Qué diría Cervantes?

 Y qué dice cualquier ciudadano que actúa, decide, piensa y habla con absoluta libertad, sintiéndose incluso avalado por las leyes del Estado que, en teoría, deben garantizar la libertad de todos los españoles.
Y qué dice cualquier español cuando las autoridades se niegan a cumplir las leyes protectoras de la libertad individual.
Esta es mi opinión.
Los españoles nos movemos en torno a un territorio definido por el derecho natural, las leyes constitucionales y el derecho internacional. Sobre él, convivimos bajo el pacto de no agresión y respeto hacia los demás, sus ideas, confesión religiosa, sus preferencias, los acuerdos que realizamos las partes, la propiedad y, sobre todo, la vida. En definitiva, conocemos nuestros derechos como humanos que son los mismos que cualquiera de nuestros vecinos, los respetamos y queremos que nos respeten. Para ello exigimos a los gobiernos y parlamentos que eleven al rango de ley lo que es normal en la calle, que limiten las acciones que nosotros mismos hemos aceptado con el fin de que la libertad de cada uno sea la misma en cualquier parte del territorio. Leyes que en primera instancia protegen la libertad individual sin menoscabo de la libertad del otro.
La capacidad de elegir la lengua vehicular para la educación de mis hijos es mía, porque así lo establece la ley y no pido nada que la ley prohiba. Así mismo, la decisión que he tomado sobre la lengua vehicular no afecta ni daña la integridad ni la calidad educativa de los demás. Tengo la tranquilidad de vivir en un territorio donde las leyes protegen mi libertad y pienso que los poderes públicos velaran por la libertad mía y de mis vecinos por igual.
Sin embargo, esto no sucede en Cataluña. Los intereses de una parte de los partidos políticos se han puesto en contra de la defensa de la libertad de cada uno de todos los catalanes y quieren utilizar todo el poder institucional para defender sus ideas y atacar la libertad de sus ciudadanos.
Sin mediar voluntad, la mirada se dirige hacia personajes de la reciente historia de Europa que se sirvieron de la democracia para instaurar una tiranía: Adolf Hitler y Benito Mussolini, ambos procedentes de parlamentos democráticos, ambos con estrecha visión nacionalista de sus territorios que se sirvieron de las instituciones políticas para hacer persecución de los que luchaban por la libertad.
La democracia es la aspiración de las personas que queremos vivir en libertad, porque sus leyes posibilitan el estado de derecho que es el verdadero garante de la libertad individual. Pero es débil y falible, fácilmente conspirable por desaprensivos políticos que o no tienen conciencia de su responsabilidad o buscan la tianía. Por eso es necesaria la oposición y lucha constante contra los desaprensivos capaces de alterar el orden que los españoles hemos conseguido.
La defensa de la libertad debe poner en alerta permanente a nuestros políticos para que, sirviéndose de todas las instituciones del Estado, negocien primero y aplaquen luego los desmanes, en este caso nacionalistas, de quienes pretender conspirar contra la libre elección y determinación de los ciudadanos de España. Nos avala el Estado de Derecho contra los que se oponen a que elijamos en libertad la educación nuestros hijos.

Diputaciones: duplicidad administrativa

Desde que se creó el Estado de las Autonomías con la Constitución de 1978, las diputaciones provinciales perdieron su identidad administrativa, sobre todo cuando al poco tiempo comenzaron a crearse las mancomunidades de municipios que suplieron muchos de los servicios que la diputación prestaba, sobre todo a pueblos con bajos ingresos presupuestarios. Las diputaciones respondían a una organización administrativa del territorio más centralizada, más dominable por el poder central puesto que por mediación de ellas, Madrid distribuía fondos para infraestructuras periféricas.
Pero las cosas empezaron a cambiar en el 78, lástima que pronto se detuvieran, puesto que a la antigua y obsoleta diputación se le unió la moderna burocracia de las autonomías, mucho más intrincada y cara que la vieja diputación.
Las diputaciones recibían dinero de Madrid para las necesidades provinciales, lo cual estaba bien si los fondos se destinaban a satisfacer la escasez de infraestructuras y servicios. Y así hemos pasado más de 30 años porque la riqueza nos sonreía. Pero desde hace 4 años se ha apoderado de los valencianos un personaje de asimétrica cordura que creyéndose empresario, ha tomado la Dipu como cortijo y nuestro dinero como acicate para distracción de sus seguidores y pelotas. El alcalde de Xátiva, no sólo ha sido un empresario de mediocre estatura sino que, además, ha mostrado sus dotes como manipulador de nuestros impuestos con fines electoralistas.  En Ontinyent conocemos el trato que les dió a los minusválidos cuando se inauguró la senda desde el puente de Santa Maria al rio Clariano. Todavía no ha pedido perdón.
Sona la Dipu es una muestra del desvío de dinero necesario hacia actividades lúdicas, como las ferias y exposiciones de productos, los campeonatos y ahora la carrera ciclista. Son gastos innecesarios, pese a la pobreza que se extiende, aumentan gasto público que conlleva deuda y alarga el tiempo de normalizar una economía desvanecida.
Desde el punto de vista político, Alfons Rus es una calamidad.
No a las diputaciones. Rubalcaba habla de 1000 millones de € de ahorro. La de Valencia, más.

De vuelta al tajo

Unos dias de descanso bastan para retomar la actividad con expectativas renovadas. Musculatura relajada, actitud positiva ante los demás, "les butxaques ben buides" o sea, he que aprovechar la entrada al trabajo ante lo incierto de un mañana más cruel.
Preparado para adentrarme en las témporas venideras, héteme aquí perplejo ante la inconsistente pasividad de nuestros inmaduros y siniestros elegidos, cuando repasando noticias de Agosto percibo el tufillo sulfuroso y electoralista a quedar bién con casi todos, engañando a la mayoría y perjudicando a todos los vecinos de nuestra no recuperable ciudad.
Anunciaron una bajada de sueldos a concejales y alcalde (110.000 € en cuatro años unos 26.000 al año) que no está mal, pero su repercusión en la bajada del gasto es insignificante, el 0,1 % de los gastos presupuestados.
Han subvencionado los tikets a las tribunas de la Entrada a personas con dificultad económica, cuando es obvio que la penuria produce desviación hacia la necesidad. Es una burla decir que se da dinero para presenciar un acto lúdico a personas que cuentan los céntimos para poder comer.
TVO. He celebrado en varias ocasiones el cierre de la televisión pública por partidista y, sobre todo, por despilfarradora. Y efectivamente han castrado la TVO al parecer por motivos de precariedad, así nos lo pintaron, porque representaba un ahorro presupuestario de más del 1 %. ¿Saben a dónde irá a parar el hipotético ahorro producido por la TVO? Venga, es fácil. ¡¡¡Síiiiiiiiiii..., exactamente, a dotar partidas para subvenciones!!! La paja en el ojo ajeno. Nosotros no lo buscamos, pero lo pagaremos con intereses.
Como todo se reduce a un problema de entradas y salidas dinerarias, si la recuperación económica pasa obligatoriamente por la reducción del gasto público, de las familias y de las empresas, si el presupuesto municipal es de imposible cumplimiento porque los ingresos están amañados, si las tres caras de nuestro ayuntamiento siguen diciendo no-verdades para convencer de que ellos disminuyen el gasto, podemos deducir sin miedo a la equivocación que el paso siguiente de la tri-cara ontinyentina va a ser el recurso del incapaz, la solución del desposeido, la persistencia del decadente: subir impuestos para empobrecernos todavía más.