"Casitas" (ilegales) y Ayuntamiento (inútil)

tan malo es imponer la decisión de todos sobre una sóla persona como que ésta decida imponer su voluntad sobre el resto de la sociedad.

Los ontinyentins -y las ontinyentinas- hemos sido privilegiados en la compra de terreno para construir una casita. Siempre ha sido así: un propietario parcelaba 10, 20, 50 Ha en porciones de 2, 3 ó 6 hanegadas y las vendía facilmente. Parcelas de terrenos rústicos y no urbanizables, sin proyecto, ni agua potable, ni alcantarillado, sin luz ni viales se vendían para hacerse la "casita".
Y esto fué así durante mucho tiempo y no se hizo ruido. Pero llegaron los problemas relacionados sobre todo con la salubridad y la seguridad. Primero nuestro ayuntamiento declaró el "disemidado" como bién urbano residencial y se inchó a cobrar el IBI -impuesto de bienes inmuebles- hace más de 20 años. Cuando muchos pensábamos que con los millones del impuesto comenzaba el proceso de racionalizar el urbanismo de la periferia, los sucesivos ayuntamientos prefirieron los fondos recaudados para mejorar su imagen: mejoraron los salarios de concejales, compraron inmuebles del patrimonio artístico, gastaron en lujosas remodelaciones y aumentaron y ampliaron las subvenciones, o sea, se aumentó el gasto público en partidas de escasa necesidad.
Luego los empresarios de la construcción habrieron la vía del plan parcial de urbanismo como salidad a la presión que ya se sentía en la sociedad ontinyentina, pero muchos particulares continuaron construyendo sin licencia y en terrenos no autorizados.
El tripartito con Reguart y Portero dieron las primeras instrucciones para una salida pactada, pero se olvidaron de cerrar el pacto con el PP.
Ni unos ni otros han entendido que los problemas que afectan a toda la población deben negociarse políticamente para que sin importar quien gobierne, el curso del proceso no se detenga.
Y así, en lugar de hablar entre ellos, proponer soluciones, promover debates y crear opinión en la población, se dedican a echar carnaza como si fuéramos animales que callamos cuando nos dan de comer. Allí donde nuestros representantes debieran administrar grandes dosis de templanza a la población, reparten violencia dialéctica para aumentar la crispación.
A más a más, el ayuntamiento ni se plantea que está tratando asuntos de personas con derechos de propiedad, personas perjudicadas en el trato con amenazas y sanciones administrativas. Conviene advertir a las personas afectadas que su causa no puede ser instruida y sancionada por la misma parte, están los tribunales contencioso-administrativos para juzgar sus derechos.
Es hora de que nuestros políticos entiendan que los asuntos de interés general tienen que consensuarse. Ninguna mayoría debe imponer su criterio sobre el resto perjudicado. Los políticos deben reflexionar sobre los acuerdos mayoritarios, pues tan malo es imponer la decisión de todos sobre una sóla persona como que ésta decida imponer su voluntad sobre el resto de la sociedad.